martes, 17 de abril de 2007

EL MANEJO DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DE COLOMBIA

EL MANEJO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN COLOMBIA



VÍCTOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ PH.D.

Coordinador de Arqueología y Patrimonio
Instituto Colombiano de Antropología e Historia


Antropólogo profesional de la Universidad de los Andes en Bogotá, Magíster (MA) y Doctorado (Ph.D) en Antropología de la University of Pittsburgh, Pensylvania, en los Estados Unidos. Ha realizado investigaciones arqueológicas principalmente en el Norte de Santander y el Sur del Huila, Colombia. Actualmente se desempeña como Coordinador del Grupo de Arqueología y Patrimonio del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, institución gubernamental encargada de la protección, investigación y divulgación del Patrimonio Arqueológico Nacional. Desde el ICANH, coordina y asesora investigaciones arqueológicas en varias regiones del País. El Doctor González es actualmente co-editor de la Revista Arqueología del Área Intermedia, publicación periódica de evaluación por pares coeditada por el ICANH y la Sociedad Colombiana de Arqueología. Ha sido profesor de planta y de cátedra del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes en Bogotá, en donde formó parte del comité que diseñó el primer programa de Maestría de Arqueología en el país.




El patrimonio arqueológico colombiano, como el de cualquier otro país, incluye una enorme diversidad de artefactos y de restos materiales de las sociedades del pasado. Esos restos son considerados “patrimonio” de la Nación en Colombia por varias razones, y el objetivo de este documento es el de señalar dos grupos de razones opuestas. Al contrastar estas dos clases de razones, se espera convencer al lector de que es mucho más conveniente priorizar, dentrode las políticas públicas, las razones de tipo académico y científico sobre las razones de tipoestético en el manejo de ese patrimonio común.

En el sistema legal colombiano (ver Castellanos 2003), el ámbito de lo arqueológico se ha limitado a los restos físicos de las culturas prehispánicas (antes de 1492) y de la época de la Colonia (antes de 1810). No porque los arqueólogos creamos que los restos arqueológicos de los siglos XIX y XX no sean importantes, sino más bien porque en el sistema legal colombiano, lo arqueológico tradicionalmente equivale a lo “muy antiguo.” Una definición muy general podría, tal vez, vulnerar los derechos de los ciudadanos a la propiedad privada de ciertas clases de objetos antiguos.

¿Obras ó restos materiales?

Para los arqueólogos, un objeto entra a hacer parte de la categoría de arqueológico sólo cuando mantiene una relación lógica con actividades humanas que sucedieron en el pasado. Generalmente, ello implica que los restos han conservado, al menos en parte, su integridad física y sus asociaciones espaciales con otros objetos, y esas condiciones se dan especialmente cuando dichos objetos están sepultados, cubiertos por depósitos artificiales o naturales que protegen esa integridad --a la que a veces se llama “registro arqueológico.”

Ahora, en el sistema legal en Colombia, el énfasis no se ha puesto sobre este carácter de ser evidencias de actividades humanas, sino que se define como un universo de bienes que provienen de cierta época. Es decir, no se define lo arqueológico por la intervención arqueológica para reconstruir el pasado humano sino por la antigüedad de los objetos, y esta forma de definirlo se relaciona con la gran importancia que para muchas personas tienen ciertos objetos particulares por sus cualidades intrínsecas.

Ese interés por ciertas piezas arqueológicas muy particulares, como en varios de nuestros países latinoamericanos, parece haberse desarrollado como imitación de las actividades que en Europa se organizaban desde el Siglo XVI alrededor de los monumentos y de las “obras del arte antiguo”, especialmente de artefactos de la época de las civilizaciones clásicas griega y romana.

Las raíces de la disciplina arqueológica en Colombia se entrelazan de manera incómoda con el anticuarismo y con el saqueo de yacimientos arqueológicos que alimenta el coleccionismo (Langebaek 2003). Ese interés por atractivos objetos del pasado, presentados como “obras de arte” tuvo un auge en Colombia en el siglo XIX, cuando notables viajeros consolidaron sus colecciones de curiosidades. Sin embargo, ese coleccionismo tenía raíces muy profundas en las frenéticas búsquedas de “El Dorado” por parte de conquistadores europeos. Durante la Colonia, la excavación de sitios arqueológicos funerarios, o “guacas” en búsqueda de piezas
“valiosas” continuó en muchas regiones. Entre otras, la región del Alto Magdalena fue asediada por guaqueros y curiosamente, el primer recuento de las estatuas monumentales de San Agustín describe el fracaso de una empresa de guaquería comandada por un “clérigo” de Popayán. Cuenta Fray Juan de Santa Gertrudis (1956 [1757]) que el mencionado clérigo “había venido con seis mestizos popayanejos, con instrumentos a cavar guacas; pero no fue su suerte tan infeliz, que llevando ya diez y nueve de cavadas no encontró oro ninguno, sólo un zarcillito muy chico, y lo demás tiestecitos, muñecos y chucherías de indios antiguos.”

En efecto, la guaquería era una actividad muy extendida durante la Colonia, y las primeras colecciones arqueológicas en Colombia surgen de esa forma. El Museo Nacional, fundado en 1823, comienza como una pequeña colección de antigüedades curiosas (huesos de mastodonte y momias extraídas de sitios arqueológicos de Tunja) que se van alimentando poco a poco con donaciones de coleccionistas.

A comienzos del siglo XX ya se consolidaba en Colombia la disciplina etnológica que
estudiaba las “sociedades primitivas” mediante investigaciones arqueológicas.

Son pioneras en este campo las excavaciones de Konrad Theodor Preuss (1931) en San Agustín entre 1913 y 1914; las de Alden Mason (1931) en Pueblito y otros sitios costeros entre 1922-1923 y las de Gerardo Arrubla y Carlos Cuervo Márquez (1924) en Sogamoso.

Con estas investigaciones, también surgía una forma muy diferente de percibir los artefactos y los sitios arqueológicos. El efecto de este interés influyó en la expedición de la Ley 103 de 1931 "por la cual se fomenta la conservación de los monumentos arqueológicos de San Agustín (Huila)" que declaraba “de utilidad pública” los monumentos y objetos arqueológicos de San Agustín y otros sitios de la Nación. Permitía además “comprar los terrenos arqueológicos de las regiones mencionadas con el objeto de transformarlos en un parque nacional.” Al mismo tiempo, el gobierno nacional patrocinaba las primeras expediciones arqueológicas oficiales encargadas al arqueólogo español José Pérez de Barradas (1943) y al
colombiano Gregorio Hernández de Alba.

Arqueología: Antropología y Ciencia Social

Las nuevas perspectivas se incorporaron a mediados del Siglo XX a programas oficiales para la docencia y el estudio arqueológico. En Colombia, gracias a las acciones de Gregorio Hernández de Alba y de Paul Rivet, se fundaron, en 1938 el Servicio Arqueológico Nacional y en 1941 el Instituto Etnológico Nacional, que finalmente se fusionarían en 1945. Los programas de investigación de estos institutos adelantaron expediciones para describir las áreas arqueológicas y etnográficas del país y así reconstruir las historias culturales de cada región, siguiendo el esquema que Steward proponía en el Handbook of South American
Indians para la reconstrucción de la difusión cultural (ver Mora 2002).

Los estudios de Preuss, Rivet, Pérez de Barradas, Schottelius y Hernández de Alba sentaron las bases de investigadores como Luis Duque Gómez, Gerardo Reichel Dolmatoff, Alicia Dussán y Roberto Pineda Giraldo. La investigación antropológica ayudó a crear conciencia de que los bienes arqueológicos y etnográficos debían cuidarse, no por su valor como piezas de colección, sino por la información que contenían sobre las sociedades indígenas que los habían producido.

Ya en 1938, José Pérez de Barradas (1943) reportaba que en San Agustín la guaquería había destruido grandes áreas del Parque Arqueológico y sitios vecinos. Cargamentos de piezas arqueológicas saqueados del Parque, habían sido identificados y decomisados mientras trataban de ser sacadas del país. El saqueo y el tráfico ilícito era entonces desde los comienzos de la arqueología en Colombia, su más grave problema.

En la segunda mitad del siglo XX, la disciplina arqueológica evoluciona gradualmente a una ciencia social moderna, en la cual la investigación es guiada por preguntas antropológicas sobre el desarrollo a largo plazo de las sociedades humanas. Los avances técnicos de la década de 1950, en especial la datación de Carbono 14 ayudaron a esta transformación y generaron un renovado interés por el estudio de las sociedades prehispánicas que construyeron los monumentos de San Agustín y Tierradentro (Jaramillo y Oyuela 1996).

El Instituto Etnológico Nacional formó a la primera generación de Antropólogos colombianos (entre ellos Blanca Ochoa, Eliecer Silva Célis, Luis Duque Gómez, Graciliano Arcila, Alicia Dussán, Gerardo Reichel-Dolmatoff, Virginia Gutiérrez, Inés Solano, Roberto Pineda, Miguel Fonnegra y Milciades Chaves), quienes apuntalaron la formación de los departamentos universitarios de antropología, primero en la Universidad de Los Andes –en 1963– y luego en la Universidad Nacional de Colombia –.en 1966.

En 1953, el Instituto toma el nombre de Instituto Colombiano de Antropología, dentro del Ministerio de Educación. Para esa época, el ICAN tenía bajo su responsabilidad el estudio arqueológico y etnológico en general, así como el manejo de los parques arqueológicos y la divulgación del conocimiento antropológico.

La preocupación de los arqueólogos y otros ciudadanos por asegurar la protección legal de los bienes culturales llevó eventualmente al congreso a establecer la Ley 163 de 1959 "por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la nación". Esta ley exigía que todas las excavaciones arqueológicas contaran con autorización del ICAN.

Desde 1968, el ICAN pasa a ser parte del Instituto Colombiano de Cultura –Colcultura— desde donde continúa sus tareas de investigación y protección del patrimonio arqueológico. Gran énfasis se hacía entonces en el Alto Magdalena, donde Luis Duque Gómez, director durante varios años del ICAN, adelantó la excavación y la reconstrucción de varios de los centros funerarios monumentales de San Agustín.

A pesar de la existencia de un sistema legal que en teoría protegía el patrimonio arqueológico, incluso hasta la década de 1990 todavía existía en el país un amplio sector que consideraba que el valor de los bienes arqueológicos se relacionaba más con el material en que estaban hechos los artefactos y con sus cualidades estéticas, que con su importancia para los estudios arqueológicos.

Desde esa perspectiva tradicional, la protección del patrimonio arqueológico consistía en adquirir las piezas arqueológicas más importantes, antes de que ellas salieran ilegalmente del país. Fue precisamente esta lógica la que justificó la primera adquisición (un poporo de oro quimbaya) en 1939 por parte del Banco de la República, que daría inicio al Museo del Oro (Sánchez 2003). Este énfasis en los objetos no era del todo incompatible con la investigación arqueológica, ya que para la escuela difusionista, los artefactos por sí solos mostraban las relaciones y las rutas de migración y las direcciones de los contactos culturales.

La investigación más reciente, sin embargo, buscaba identificar procesos evolutivos de adaptación y cambio en los que el énfasis recaía en identificar secuencias de desarrollo con base en información estratigráfica. Los orígenes de la agricultura y la vida sedentaria, que presumiblemente habrían sucedido en las costas del Norte de Suramérica atraían la atención de arqueólogos poco interesados en los sitios monumentales, como Gerardo Reichel-Dolmatoff (1987). Para estas nuevas tendencias, era más importante la excavación de basureros y sitios residenciales bien conservados que el análisis de objetos obtenidos de depósitos funerarios.

Había entonces dos posiciones encontradas, acerca de la verdadera relevancia de los bienes arqueológicos: sus características estéticas o estilísticas por un lado o la información estratigráfica de sus cambios por otro.

La primera posición implicaba que el patrimonio lo constituían los objetos diagnósticos, que eran lo que se debían preservar. La forma en que llegaban los objetos al laboratorio no afectaba su identificación como pertenecientes a una u otra tradición. El arqueólogo de campo fue remplazado por el guaquero, que se encargaba de llevar hasta los museos las piezas necesarias para mejorar la delimitación de las culturas arqueológicas regionales (Mora 2002:158). La segunda postura implicaba una situación más compleja, en la que la información arqueológica a ser protegida consistía en distintos niveles de datos empíricos
relacionados con las piezas en su contexto primario.

Podríamos entonces proponer que en esta época se debatían dos ideas opuestas de lo que era el Patrimonio Arqueológico Colombiano: 1.) La idea de que el patrimonio arqueológico lo constituyen ciertas obras maestras del arte prehispánico y 2.) La idea de que el patrimonio arqueológico está constituido por conjuntos de información asociada a bienes muebles e inmuebles que son restos de actividades humanas del pasado.

En términos meramente legales, ese debate lo zanjó definitivamente la combinación de dos leyes. Por un lado, la Constitución de 1991 en su Artículo 72 declara que “el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles”, colocándolos definitivamente por fuera del comercio. Por otro lado, la Ley de Cultura (397 de 1997) declaró que “son bienes integrantes del patrimonio arqueológico aquellos muebles o inmuebles que sean originarios de culturas desaparecidas, o que pertenezcan a la época Colonial…”

Ahora, aunque la Ley 397 de 1997 desarrolló el Artículo 72 fijando además un régimen especial de protección para todos los bienes de interés cultural declarados como tales (incluyendo especialmente los del patrimonio arqueológico) realmente la prohibición de comercializar con bienes arqueológicos sólo se comenzó a implementar efectivamente en 2002, con la reglamentación mediante el Decreto 833 de la normatividad sobre patrimonio arqueológico.
La arqueología contemporánea

Hoy día se podría definir la arqueología en Colombia como una disciplina antropológica que estudia la diversidad cultural del pasado mediante el estudio de los restos materiales dejados por los grupos humanos. Se vería a sí misma como una disciplina que trata de entender la evolución de las sociedades humanas estudiando sus restos materiales.

Para un buen número de arqueólogos, la arqueología “tiene como objetivo último contribuir al conocimiento sobre la realidad humana. Para ello, la arqueología dirige su atención al pasado remoto, esperando que al estudiar la realidad humana a muy largo plazo se comprenda mejor la diversidad cultural y las fuerzas y los factores que intervienen en los cambios que sufren las sociedades y las culturas a lo largo de sus historias particulares.” (González y Barragán 2001).

Ahora, esa arqueología solo puede ser viable si se conservan y se protegen los vestigios arqueológicos, y por lo tanto una labor importante de la disciplina consiste en la protección y conservación preventiva de los sitios arqueológicos, mediante proyectos concretos y mediante asesoría y presión a las autoridades para que las legislaciones nacionales incluyan normas que protejan el patrimonio arqueológico y permitan así el estudio del pasado humano.

El quehacer arqueológico.

El quehacer arqueológico incluye entonces una variedad de prácticas relacionadas con el patrimonio arqueológico. La actividad profesional más relevante para el arqueólogo es sin duda la investigación científica.

Los arqueólogos invierten también mucho de su tiempo en la docencia. Existen varios centros universitarios que preparan Antropólogos con énfasis en Arqueología y un programa de maestría en arqueología. Mucho de la investigación arqueológica se adelanta precisamente desde los centros de enseñanza de la Univesidad de Antioquia, la Universidad del Cauca, La Universidad Nacional y la Universidad de los Andes.

Esta investigación se inicia con la formulación de preguntas de Investigación. Los arqueólogos se guían por las teorías existentes sobre las sociedades del pasado para identificar vacíos y formular preguntas interesantes sobre los grupos humanos de ciertas regiones y períodos. Algunos temas de gran interés para los arqueólogos que investigan en Colombia son los modos de vida antiguos, la economía prehistórica, los cambios en la organización política, los patrones demográficos y el cambio cultural.

Los arqueólogos formulan un proyecto de investigación en el cual delimitan el área de estudio y la metodología para resolver las preguntas. Deben entonces conseguir un presupuesto y un equipo humano disponible que permita hacer realidad el proyecto.

La investigación arqueológica requiere exploración y excavación. Usualmente hay una etapa de trabajo de campo, con una fase de exploración de una región para localizar sitios arqueológicos de cierta clase y una segunda fase de excavación, en la que se buscan ciertas clases de información más detalladas. Las excavaciones varían en tamaño, cantidad, profundidad y técnica dependiendo de las preguntas.

Un aspecto crucial del estudio arqueológico es el análisis de laboratorio. Es usualmente una segunda etapa de la investigación, en la que se adelantan análisis químicos y físicos, pruebas, conteos, análisis estadístico, descripciones y, finalmente el análisis de todos los datos para resolver las preguntas. El producto directo de la investigación son informes que son usados por otros especialistas.

Pero esa divulgación a especialistas no es suficiente. Para lograr su objetivo social y además fomentar la protección del patrimonio arqueológico, la investigación arqueológica debe complementarse con programas de difusión dirigidos al público en general. Algunos arqueólogos sintetizan los resultados de muchas investigaciones y producen artículos y libros de divulgación. Cada vez más publicaciones son montadas en formato electrónico en el Internet, lo que reduce los costos de las publicaciones.

Para llegar a un público aun más amplio, se organizan exposiciones temáticas en museos públicos y privados e incluso en museos virtuales. Los guiones de esas exposiciones se nutren de investigaciones y de libros de síntesis ya publicados.

Algunos sitios arqueológicos muy representativos o ilustrativos, se dejan destapados después de las excavaciones y se restauran o reconstruyen como parte de exhibiciones para divulgación al aire libre. Los parques se convierten a menudo en importante atractivo turístico.En Colombia existen tres Parques Arqueológicos Nacionales de gran importancia para la divulgación y la economía turística: Teyuna-Ciudad Perdida, San Agustín y Tierradentro. Los últimos dos, además, son parte ya de la Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. Hay también cientos de parques arqueológicos regionales o locales (públicos y privados) que prestan esa tarea de divulgación a la comunidad.

Afortunadamente, en Colombia existen entidades estatales que financian las diversas actividades arqueológicas. La Fundación de Investigaciones Arqueológicas –FIAN–del Banco de la República es la principal fuente de recursos para investigación y para restauración y preservación arqueológicas. COLCIENCIAS, el ICANH, y entidades universitarias tienen programas de financiamiento de investigación que apoyan las labores de arqueólogos vinculados a universidades, entidades estatales o centros de investigación independiente (como ERIGAIE y PROCALIMA, entre otros).

La enorme riqueza arqueológica del país, sin embargo, hace necesario que se amplíen en el futuro los centros y los programas de investigación. Es importante entonces que las entidades estatales trabajen en mejorar las condiciones para el desarrollo de la investigación, al tiempo que se protegen los bienes arqueológicos.

Dificultades para la preservación y estudio del patrimonio arqueológico

El estudio arqueológico requiere una preservación de los restos y sus asociaciones. La mejor forma de proteger la información es obviamente “preservar los estratos del suelo en su estado original y excavar controladamente sólo esos depósitos sobre los cuales se requiere cierta clase de información” (González 2000). Esta preservación in situ, sin embargo, sólo se logra en reservas arqueológicas (áreas arqueológicas especiales y Parques Arqueológicos Nacionales). Otros terrenos que son requeridos para otros usos no se pueden preservar así, porque ello afectaría negativamente a la economía.

Las construcciones de infraestructura, apertura de nuevas vías, sistemas de conducción y trasporte implican la necesaria destrucción de sitios arqueológicos. Esa información arqueológica, al ser la única forma de reconstruir y entender el pasado humano remoto merece ser protegida por el estado.

En Colombia, la entidad estatal a cargo del manejo del patrimonio arqueológico es el ICANH, creado en 1999 mediante fusión con el Instituto Colombiano de Cultura Hispánica y que retomó las funciones del ICAN, incluyendo la administración de los Parques Arqueológicos Nacionales, la aplicación de la Ley 397 de 1996 en el aspecto arqueológico, el otorgamiento de licencias de excavación arqueológicas, la asesoría a otras autoridades, la divulgación arqueológica en el Museo Nacional y en los Parques y la investigación.

La forma en que el estado, a través del ICANH, protege los sitios contra el efecto de las construcciones modernas es la “Arqueología Preventiva”, que consiste en “recuperar información arqueológica en áreas cuya destrucción es inminente. Para hacer esto, los arqueólogos deben diseñar metodologías que les permitan, con recursos limitados y en un tiempo también limitado, recuperar la información básica sobre un terreno definido de manera que, en el futuro, dicha información pueda ser consultada y estudiada y que el estudio de dicha información sea suficientemente intenso como para poder reconstruir aspectos variados de las actividades humanas representadas” (González y Barragán 2001:10). El ICANH para lograr esa protección, mantiene una base de datos de las áreas de interés arqueológico identificadas en el país, disponible a los investigadores.

Otro gran factor que amenaza la preservación es el saqueo. Aunque el saqueo de tumbas (guaquería) y el tráfico ilegal be bienes arqueológicos tienen una larga historia, con raíces en la “minería” de piezas de oro de la época de la Conquista, la consolidación del capitalismo le dio a la guaquería grandes oportunidades de afectar el patrimonio cultural en los países latinoamericanos (Patterson 1999).

Durante el desarrollo de la Arqueología en Colombia, muy pocos arqueólogos se dieron cuenta del enorme daño potencial de la guaquería, y, en cambio de oponerse a ella, utilizaban los servicios de guaqueros, compraban piezas, e incluso, fomentaban las actividades del guaquero (Langebaek 2003).

A pesar de que muchos países saqueados y compradores han firmado la convención de la UNESCO de 1970 para evitar el trafico ilícito de bienes culturales, es obvio que las legislaciones han sido incapaces de frenar estos delitos. En 1990, el tráfico de bienes arqueológicos en Estados Unidos se calculaba en un billón de dólares anuales (Patterson 1990).

El ICANH ha calculado que unas 10000 piezas arqueológicas salen anualmente de Colombia ilegalmente. También se han identificado innumerables subastas y ventas de bienes arqueológicos obviamente colombianos en países que supuestamente han adherido a la Convención de la UNESCO, pero que claramente no han hecho suficiente para que sus leyes realmente eviten las importaciones y ventas de estos bienes que son patrimonio de la humanidad y de los países.

El caso más aberrante fue la incapacidad del gobierno francés, a pesar de que el gobierno colombiano adelantó todos los pasos necesarios dentro de la Convención de UNESCO, para detener la subasta del 2003 en Christie’s de París, en la que se vendieron numerosas piezas del patrimonio arqueológico colombiano, denunciadas como saqueadas por las autoridades colombianas, incluyendo una pieza de oro tairona vendida por 400,000 euros a un museo estatal francés.

Recientemente, el ICANH ha dado grandes pasos en aplicar las leyes existentes para tratar de frenar o aminorar la guaquería y el tráfico de piezas, pero dada la gran magnitud es mucho lo que falta por hacer. La tarea implica mantener un registro actualizado de todas las piezas arqueológicas en tenencia autorizada, y esto obviamente requiere un enorme esfuerzo de varias entidades.

Aunque otros factores influyen en la destrucción del patrimonio arqueológico, la tolerancia de la guaquería es quizás el más dañino, porque influye en la percepción de las piezas arqueológicas como “tesoros” y hace más difícil aplicar las medidas para proteger los bienes culturales.

Para cambiar esta situación, es importante que los diversos actores (comunidades locales, empresa privada y autoridades estatales) participen en la protección de su patrimonio cultural.

Es urgente que, al tiempo que se mejoran los controles de las actividades ilícitas que afectan el patrimonio arqueológico, también se busquen incentivos para que se inviertan recursos en investigación, preservación, y divulgación.

El Ministerio de Cultura está en estos momentos diseñando varias propuestas para modificar la Ley de manera que se les brinde incentivos tributarios a las personas y entidades que invierten en el patrimonio cultural. Asimismo, existen fondos generados por algunos impuestos que las gobernaciones pueden usar exclusivamente para inversión en estos temas.

Los avances graduales del gobierno central en mejorar la seguridad en las zonas rurales han comenzado a dar frutos, generando expectativas sobre la posibilidad real de un despegue del ecoturismo, lo que ha traído renovado interés en crear rutas turísticas enfocadas en sitios arqueológicos, principalmente de arte rupestre o alrededor de centros monumentales.

Es tarea que queda a los arqueólogos, entonces, es aprovechar la existencia de un régimen legal que protege el patrimonio cultural y también el interés creciente de la ciudadanía y de la empresa privada sobre lo arqueológico, para consolidar programas de investigación y divulgación que al tiempo rescaten la información y le brinden al ciudadano aquello que es realmente valioso del patrimonio arqueológico: los testimonios de la diversidad cultural.


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Víctor González Fernández Ph.D.
Coordinador de Arqueología y Patrimonio
Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH
vigonfer@hotmail.com, vgonzalez@mincultura.gov.co
www.icanh.gov.co
Calle 12 No.2-41, Bogotá, Tel. 5619896.

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